El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, anunció el 25 de septiembre de 2026 que solicitará al Congreso del Estado la desaparición del Ayuntamiento de Juchitán de Zaragoza, luego de la detención del presidente municipal Miguel Sánchez Altamirano por su presunta relación con un grupo delictivo. La medida contempla el nombramiento temporal de un encargado de la administración municipal para mantener la operación de los servicios públicos.
Jara instruyó al secretario de Gobierno para presentar formalmente la solicitud ante el Congreso estatal. El gobernador argumentó que la situación que atraviesa el municipio del Istmo de Tehuantepec requiere decisiones institucionales para preservar la gobernabilidad, fortalecer la seguridad y dar certeza a las familias.
El Congreso deberá analizar la solicitud
De acuerdo con el anuncio, la eventual desaparición del Ayuntamiento abriría paso a la designación de un encargado de la administración municipal, quien conduciría temporalmente el gobierno local y los asuntos públicos de Juchitán. La decisión corresponde al Congreso del Estado, conforme al procedimiento previsto en la legislación de Oaxaca.
La propuesta ocurre después de que Miguel Sánchez Altamirano fue detenido el 23 de septiembre durante un operativo de autoridades estatales y federales. La Fiscalía de Oaxaca lo relacionó de manera preliminar con “Los Cromos”, identificado por las autoridades como un brazo operativo del Cártel Jalisco Nueva Generación, y señaló posibles delitos de extorsión agravada y contra la seguridad del Estado.
La detención provocó protestas y bloqueos en distintos accesos a Juchitán. También generó reclamos de familiares y simpatizantes del edil, quienes pidieron información sobre su situación jurídica y el respeto al debido proceso.
Continuidad de servicios y presencia de seguridad
El gobernador afirmó que la administración estatal reforzará su presencia territorial y mantendrá la coordinación con el Gobierno federal. Señaló que las tareas de seguridad, la atención social, las obras y los servicios públicos deben continuar en las colonias, agencias y comunidades del municipio.
La Secretaría Municipal de Juchitán manifestó su disposición a participar en la ruta institucional que determine el Congreso y el Gobierno del Estado. También solicitó que el proceso relacionado con la situación jurídica de Miguel Sánchez Altamirano se desarrolle en Oaxaca, con respeto a sus derechos, al debido proceso y al acompañamiento de su familia.
La solicitud todavía deberá ser revisada y, en su caso, resuelta por el Congreso de Oaxaca. Mientras tanto, las autoridades estatales sostienen que la prioridad es preservar la paz, garantizar la continuidad administrativa y mantener la atención a la población de Juchitán.