El senador del PRI, Manuel Añorve Baños, presentó una iniciativa para establecer la gratuidad de los servicios indispensables de la primera titulación en instituciones públicas de educación superior y crear un mecanismo de cobertura para egresados de universidades particulares. La propuesta también plantea exentar el primer registro del título y la primera expedición de la cédula profesional.
La iniciativa fue presentada ante el Senado el 24 de septiembre de 2026, con el argumento de que los costos de titulación pueden representar una barrera para jóvenes que ya concluyeron sus estudios, cumplieron con el servicio social y acreditaron los requisitos académicos.
De acuerdo con el planteamiento, los trámites de titulación pueden costar entre 20 mil y 40 mil pesos. Añorve señaló que este gasto se suma al esfuerzo económico realizado por las familias durante la carrera y puede retrasar el ingreso de los egresados al mercado laboral.
Qué contempla la propuesta
- Que las instituciones públicas otorguen gratuitamente los servicios indispensables de la primera titulación de cada programa concluido.
- Incluir el examen de titulación cuando corresponda, la expedición del título y las gestiones necesarias para su registro.
- Exentar los derechos federales del primer registro del título y de la primera expedición de la cédula profesional.
- Crear un mecanismo de cobertura para la modalidad ordinaria de titulación de menor costo en instituciones particulares con reconocimiento oficial.
Para financiar la medida en universidades públicas, el proyecto contempla recursos adicionales y compensatorios, sin afectar la autonomía de las instituciones. En el caso de las universidades particulares, la aplicación sería progresiva conforme a la disponibilidad presupuestaria y daría prioridad a quienes enfrenten mayores barreras económicas y sociales.
La propuesta también busca transparentar los costos de titulación y prohibir que este proceso se condicione a la compra de paquetes de graduación, fotografías u otros servicios accesorios.
La iniciativa deberá continuar su proceso legislativo antes de que cualquiera de estas medidas pueda entrar en vigor. Por ahora, el planteamiento busca reducir el impacto económico de los trámites posteriores a la conclusión de una carrera profesional.