Miguel Sánchez Altamirano, presidente municipal de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, fue detenido el 23 de septiembre de 2026 durante un operativo conjunto de autoridades estatales y federales. El alcalde, conocido como “Quetu”, fue aprehendido junto con un presunto colaborador por una investigación relacionada con extorsión agravada y delitos contra la seguridad del Estado.
La captura se realizó en el municipio de Ciudad Ixtepec y posteriormente ambos fueron trasladados a instalaciones penitenciarias federales. La investigación también contempla presuntos vínculos con una estructura criminal dedicada a la extorsión y el cobro de piso, de acuerdo con la información difundida por autoridades de seguridad.
¿Quién es Miguel Sánchez Altamirano?
Sánchez Altamirano es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Antes de llegar a la presidencia municipal se desempeñó como secretario particular en el ayuntamiento de Juchitán.
Asumió inicialmente la presidencia municipal para el periodo 2022-2024 y posteriormente obtuvo la reelección para el trienio 2025-2027 como candidato de una coalición integrada por Morena, el Partido Verde Ecologista de México y Fuerza por México.
La investigación por extorsión
La orden de aprehensión fue ejecutada en un operativo coordinado por corporaciones estatales y federales. Junto con el alcalde fue detenido un hombre identificado como presunto colaborador, quien también enfrenta señalamientos por extorsión agravada y delitos contra la seguridad del Estado.
La investigación oficial vincula al funcionario, de manera presunta, con una estructura dedicada a la extorsión de comerciantes, el narcomenudeo, el tráfico de personas y otros delitos en la región del Istmo de Tehuantepec. Estos señalamientos forman parte de la indagatoria y deberán ser definidos por las autoridades judiciales conforme avance el proceso.
Bloqueo de cuentas y anomalías financieras
Como parte de la investigación, la Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó cuentas bancarias vinculadas con los implicados. La medida busca evitar el movimiento de recursos mientras se integran las indagatorias correspondientes.
Además, informes de la Auditoría Superior de la Federación reportan anomalías por más de 100 millones de pesos en fondos federales ejercidos durante los ejercicios de 2022 a 2024 por la administración municipal encabezada por Sánchez Altamirano.
Entre las observaciones se encuentran la falta de comprobantes fiscales, expedientes contables incompletos en obras públicas y deficiencias en la transparencia de la nómina relacionada con el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios. También se identificó la participación de empresas vinculadas entre sí en procedimientos de adjudicación de contratos.
La detención no constituye por sí misma una sentencia. El proceso judicial deberá determinar la situación legal del alcalde y establecer si existen responsabilidades penales o administrativas por los hechos investigados.