La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó el 11 de septiembre de 2026 que la posesión de una visa estadounidense no tiene relación con la elección ni determina la integridad de quienes busquen una candidatura en el proceso electoral de 2027.
Durante su conferencia matutina realizada en la VII Región Militar, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, la mandataria señaló que la decisión de otorgar o negar una visa corresponde al Gobierno de Estados Unidos y no constituye, por sí misma, un elemento para definir la participación electoral en México.
Sheinbaum explicó que, si las autoridades estadounidenses presentan pruebas relacionadas con un posible asunto delictivo, las instituciones mexicanas deberán analizarlas conforme a la legislación nacional. La presidenta subrayó que una visa y una investigación sobre la conducta de una persona son asuntos distintos.
La declaración ocurrió después de que se le preguntara por los mecanismos para verificar la integridad de las personas candidatas rumbo al proceso electoral 2026-2027, cuyo inicio formal se realizó el 10 de septiembre de 2026.
La presidenta agregó que el Gobierno trabaja en un diseño para identificar focos rojos durante la contienda electoral, con el propósito de ubicar zonas donde pueda existir mayor riesgo y se requiera una presencia reforzada de la Guardia Nacional.
De acuerdo con la explicación ofrecida durante la conferencia, este tipo de revisión busca atender posibles riesgos de seguridad durante el proceso, pero no convierte la posesión o cancelación de una visa en un criterio automático para aceptar o rechazar una candidatura.
Por su parte, la consejera Jurídica de la Presidencia de la República, Luisa María Alcalde Luján, informó que las instituciones de seguridad mantienen mesas de coordinación para establecer los mecanismos de verificación de candidaturas.
El proceso electoral federal 2026-2027 contempla la renovación de las 500 diputaciones de la Cámara de Diputados. La jornada electoral está prevista para el 6 de junio de 2027, además de que habrá elecciones locales concurrentes en las entidades correspondientes.
En este contexto, el Gobierno federal y las autoridades electorales preparan procedimientos de revisión de perfiles y coordinación institucional. La posición expresada por Sheinbaum es que cualquier señalamiento sobre posibles delitos debe sustentarse en pruebas y ser valorado por las autoridades mexicanas competentes.