Una investigación sobre cuatro operaciones federales de control migratorio en Washington, Chicago, Nueva Orleans y Mineápolis-Saint Paul documentó afectaciones a integrantes de las comunidades mexicana, guatemalteca y hondureña, así como detenciones arbitrarias, uso ilegítimo de la fuerza y condiciones de reclusión que podrían constituir tortura.
El análisis incluyó 154 entrevistas realizadas entre marzo y junio de 2026. El documento no precisa cuántas de las personas afectadas eran mexicanas, pero registra impactos directos en familias y comunidades de origen mexicano que viven en Estados Unidos.
Detenciones basadas en rasgos físicos y acento
Los agentes seleccionaban a personas para detenerlas a partir de características como el color de piel, el origen étnico, el idioma y el acento. Las acciones se concentraban también en restaurantes, obras de construcción y estacionamientos donde se reunían trabajadores jornaleros.
En algunos casos, la situación migratoria se verificaba después de la detención. También se documentaron situaciones en las que fueron ignorados documentos o explicaciones destinados a demostrar una estancia regular, mientras que ciudadanos estadounidenses, personas indígenas, refugiadas y solicitantes de asilo quedaron igualmente expuestos a los operativos.
Uso de la fuerza y tiroteos bajo investigación
El informe describe a agentes con el rostro cubierto, fuertemente armados, sin identificación visible y a bordo de vehículos sin distintivos. También registra entradas a viviendas sin orden judicial, daños injustificados a vehículos y casos de personas arrojadas al suelo pese a no oponer resistencia.
La violencia alcanzó a quienes vigilaban o grababan los operativos. Se reportaron amenazas con armas de fuego, empujones, detenciones de observadores y uso de gas lacrimógeno y otras sustancias irritantes contra manifestantes pacíficos.
Entre los casos examinados se encuentran los disparos contra Silverio Villegas González y Marimar Martínez, en Chicago, así como las muertes de Renee Good y Alex Pretti, en Mineápolis. Los hechos fueron señalados como posibles ejecuciones extrajudiciales y requieren investigaciones independientes.
Familias enteras dejaron de salir de sus casas
El temor a ser detenido o atacado modificó la vida cotidiana de comunidades enteras. Familias permanecieron en sus viviendas durante semanas o meses y dejaron de acudir al trabajo, a consultas médicas, a servicios religiosos y a citas judiciales, incluso cuando algunos de sus integrantes contaban con estancia regular.
Los niños estuvieron entre los más afectados: algunos dejaron de asistir a clases, presenciaron el arresto de sus padres o cuidadores, fueron separados de sus familiares o tuvieron que asumir tareas de cuidado. La pérdida de ingresos también dificultó la compra de alimentos y el pago de la vivienda.
Hacinamiento y obstáculos para contactar a abogados
En los centros de detención analizados se identificaron hacinamiento, falta de atención médica y obstáculos para comunicarse con abogados y familiares. También se documentaron casos en los que no se confirmó la detención ni se reveló el paradero de una persona, situaciones consideradas posibles actos de desaparición forzada.
Ante los operativos, las comunidades crearon alertas con silbatos, líneas telefónicas de emergencia, redes de asistencia legal y apoyos para conseguir alimentos y pagar rentas. Las grabaciones realizadas por habitantes ayudaron a reconstruir algunos hechos y a cuestionar versiones oficiales sobre los tiroteos.
La investigación plantea que los abusos no pueden corregirse únicamente con capacitación o sanciones individuales, debido a fallas señaladas en la dirección, contratación, supervisión y rendición de cuentas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. También solicita proteger escuelas, centros de salud y lugares de culto frente a las acciones migratorias, además de garantizar que ninguna persona sea devuelta a un lugar donde su vida o seguridad corran peligro.