La Policía Municipal de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, se encuentra nuevamente bajo investigación por presuntos vínculos con Los Cromo, grupo criminal señalado por autoridades como una facción regional del Cártel Jalisco Nueva Generación. El caso cobró relevancia tras la detención del presidente municipal Miguel Sánchez Altamirano, alias “Quetu”, y del excomisario John Keny Moreno Segura.
Las autoridades estatales investigan si algunos agentes municipales brindaron protección, información y apoyo logístico a integrantes de la organización delictiva. También se abrió una carpeta por los bloqueos registrados el 23 de septiembre de 2026, cuando grupos de personas intentaron impedir el traslado del alcalde detenido.
Indicios sobre la actuación de policías municipales
El fiscal general de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla, informó que existen indicios de que algunos elementos de la Policía Municipal de Juchitán colaboraban con Los Cromo y les brindaban protección. La investigación busca establecer la responsabilidad individual de los agentes y confirmar quiénes participaron en los bloqueos carreteros.
Testimonios recabados en el municipio también señalan que patrullas municipales habrían trasladado a presuntos integrantes del grupo criminal y acompañado a personas dedicadas al cobro de piso. Estas declaraciones forman parte de las líneas de investigación y no constituyen, por sí mismas, una resolución judicial.
Un comerciante identificado con el nombre de “José” relató que pagaba mil pesos semanales por cobro de piso y que, en algunas ocasiones, quienes acudían por el dinero eran custodiados por una patrulla municipal. El comerciante explicó que no había presentado una denuncia por temor a represalias contra él y su familia.
Detención del alcalde y bloqueos en Juchitán
Miguel Sánchez Altamirano fue detenido el 23 de septiembre de 2026 durante un operativo coordinado por autoridades estatales y federales. La orden de aprehensión está relacionada con los delitos de extorsión agravada y contra la seguridad del Estado; junto con él fue detenido Alberto de la Paz López, conocido como “La Parka”.
Después de las capturas se registraron bloqueos en accesos y carreteras de Juchitán. En los cierres participaron pobladores, mototaxistas y, presuntamente, elementos de la Policía Municipal, de acuerdo con las investigaciones difundidas por autoridades y reportes sobre el operativo.
La Fiscalía de Oaxaca inició una carpeta para determinar quiénes intentaron interrumpir el traslado del convoy que llevaba al alcalde detenido. La participación de policías municipales en esos hechos aún debía ser corroborada por la autoridad ministerial.
Antecedentes de la corporación municipal
El 21 de junio de 2025, la Fiscalía de Oaxaca y fuerzas federales intervinieron la Policía Municipal de Juchitán. En esa operación fueron detenidos el entonces director del Centro de Control y dos elementos de la corporación, mientras que 218 policías fueron concentrados y sometidos a exámenes de control de confianza.
La intervención se originó, entre otros motivos, por la detección de cuentas espejo no autorizadas en el Centro de Control y por el acceso irregular de particulares a las cámaras de vigilancia. El exdirector del C2 y los dos policías detenidos quedaron vinculados a proceso y enfrentaban el juicio en libertad.
A pesar de que se anunció que la seguridad municipal quedaría bajo responsabilidad de la Policía Estatal, elementos de la corporación local continuaban realizando tareas de seguridad antes de los recientes operativos.
Captura de un exmando policial
El 24 de septiembre de 2026 fue detenido John Keny Moreno Segura, excomisario de la Policía Municipal de Juchitán. La Fiscalía lo señaló por su probable relación con la estructura de Los Cromo y por presuntamente brindar protección a sus integrantes.
Con esta detención, la investigación alcanzó a funcionarios municipales, mandos policiales y agentes de la corporación local. Mientras avanzan las indagatorias, la Policía Estatal asumió tareas de seguridad en Juchitán y las autoridades deberán definir las responsabilidades individuales conforme al debido proceso.