Entre 2006 y 2024, las fiscalías del país reportaron 5 mil 152 fosas clandestinas y 5 mil 718 cuerpos exhumados, mientras que los medios de comunicación documentaron 3 mil 516 fosas y 8 mil 341 cuerpos.
La diferencia representa 2 mil 623 cuerpos más en los registros periodísticos, aunque las autoridades contabilizaron 46 por ciento más fosas que la prensa. Los datos forman parte del informe “Trazar la ausencia, caminar la esperanza. Análisis de hallazgos de fosas clandestinas en México (2006-2024)”, elaborado por el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana.
Registros con metodologías distintas
El análisis contrasta las respuestas de las fiscalías a solicitudes de información con los hallazgos recopilados mediante un monitoreo de medios de comunicación. Por ello, las cifras no son directamente equivalentes: cada registro utiliza criterios, niveles de desglose y mecanismos de actualización diferentes.
La falta de un registro único, completo y homologado dificulta establecer cuántas fosas existen realmente, dónde se concentran y qué ocurre después de la recuperación de los cuerpos. Además, localizar una fosa no significa que la identidad de las personas haya sido establecida ni que los restos hayan sido restituidos a sus familias.
Estados con mayores diferencias
En Guerrero, Guanajuato, Sinaloa, Morelos y Jalisco, los medios registraron un mayor número de hallazgos de fosas clandestinas que las fiscalías estatales. El estudio también identifica variaciones territoriales durante los tres periodos presidenciales comprendidos entre 2006 y 2024.
Jalisco encabeza la lista de entidades con más cuerpos localizados en fosas clandestinas, seguido de Guerrero, Sonora y Guanajuato. Michoacán también se encuentra entre los estados con mayor número de cuerpos recuperados durante el periodo analizado.
Una crisis que va más allá del conteo
Andrea Horcasitas Martínez y Mariana Marchand Moreno plantean que las fosas clandestinas no deben entenderse únicamente como una suma de casos aislados. Su análisis las relaciona con deficiencias institucionales en la búsqueda, documentación e identificación de personas desaparecidas.
La participación de colectivos de búsqueda también resulta central para ampliar la información disponible. En distintos casos, las familias y organizaciones aportan datos territoriales o localizan sitios que no habían sido identificados por las autoridades.
Las diferencias entre los registros oficiales y periodísticos muestran la necesidad de mejorar la coordinación institucional, homologar criterios y actualizar de forma permanente la información sobre fosas clandestinas, cuerpos exhumados y restos pendientes de identificación.