La Fiscalía General del Estado de Oaxaca solicitó a un juez federal vincular a proceso al presidente municipal de Juchitán de Zaragoza, Miguel Sánchez Altamirano, alias “Quetu”, y a Carlos Alberto P. L., conocido como “La Parka”, por su probable responsabilidad en los delitos de extorsión agravada y contra la seguridad del Estado.
La petición fue presentada durante la audiencia que continúa ante un juez de Control federal, después de que el juzgador calificó como legal la detención de ambos imputados. Los dos fueron capturados durante la mañana del 23 de septiembre de 2026, en un operativo coordinado entre autoridades estatales y federales.
Señalamientos contra “Los Cromos”
De acuerdo con la Fiscalía de Oaxaca, las investigaciones de inteligencia criminal identifican posibles vínculos del alcalde con la célula denominada “Los Cromos”, señalada por las autoridades como presuntamente relacionada con el Cártel Jalisco Nueva Generación en la región del Istmo de Tehuantepec.
La dependencia estatal sostiene que, en su calidad de actor político y social, Sánchez Altamirano pudo haber facilitado, promovido o encubierto actividades ilícitas relacionadas con esa organización. Estos señalamientos forman parte de la investigación y deberán ser analizados por la autoridad judicial.
A “Los Cromos” se le atribuyen, de manera preliminar, actividades como narcomenudeo, extorsión, cobro de piso, homicidio, secuestro y portación ilegal de armas en distintos puntos del Istmo.
Operativo y situación jurídica
La detención fue resultado de un despliegue en el que participaron la Fiscalía de Oaxaca, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Policía Estatal y la Fuerza de Acción Estratégica Binnizá.
Tras la presentación de los datos de prueba por parte del Ministerio Público, la Fiscalía solicitó que ambos imputados sean vinculados a proceso. Mientras se resuelve su situación jurídica, permanecerán internados en centros federales de reinserción social, según la información difundida por la dependencia.
La audiencia continúa, por lo que hasta el momento la solicitud de la Fiscalía no equivale a una sentencia. Corresponde al juez determinar si existen elementos suficientes para iniciar formalmente el proceso penal por los delitos imputados.
En tanto, el gobierno municipal de Juchitán de Zaragoza permanece sin sesionar formalmente, de acuerdo con la información disponible sobre la falta de reuniones del cabildo.

