La Fiscalía General de la República (FGR) investiga posibles irregularidades en el operativo mediante el cual fueron asegurados 59 millones de litros de combustible en San José Iturbide, Guanajuato, luego de que se detectara que el procedimiento se realizó sin contar con toda la información sustentada.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que Juan Francisco Vera, delegado de la FGR en Guanajuato, fue destituido después de que la institución identificó anomalías en la actuación de la representación estatal.
El aseguramiento se realizó aproximadamente dos semanas antes de que fuera dado a conocer públicamente. La revisión busca establecer si la documentación presentada por las empresas involucradas acredita el origen, manejo y destino legal del hidrocarburo localizado.
La investigación fue atraída por la FGR
La investigación comenzó después de que se localizaron más de 59 millones de litros de hidrocarburo en instalaciones ubicadas en Guanajuato. La Fiscalía analiza los permisos, los documentos entregados por las empresas y la trazabilidad del combustible para determinar si existe alguna conducta ilícita.
La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que la FGR atrajo el caso luego de que los propietarios del sitio asegurado señalaron que contaban con los permisos correspondientes. También precisó que el operativo fue planeado por la delegación de la Fiscalía en Guanajuato, con participación de la policía estatal.
Hasta el momento, las autoridades no han establecido de manera definitiva que el combustible corresponda a huachicol. La determinación dependerá de la revisión completa de los permisos y de la documentación relacionada con las empresas involucradas.
Qué se revisa en el procedimiento
- La documentación presentada para acreditar el origen del combustible.
- Los permisos de almacenamiento y operación de las instalaciones.
- La trazabilidad financiera, fiscal y comercial del hidrocarburo.
- La actuación de la representación de la FGR en Guanajuato durante el operativo.
La FGR también analiza la información de las empresas relacionadas y realiza entrevistas a directivos para determinar si hubo anomalías en la operación o en la documentación entregada.
Mientras concluyen las diligencias, el caso permanece abierto y no existe una resolución definitiva sobre la legalidad del combustible asegurado ni sobre las posibles responsabilidades derivadas del operativo.