La administración de Donald Trump intensificó su presión económica contra Irán con una campaña de sanciones dirigida a las redes financieras, comerciales y energéticas que sostienen al gobierno de Teherán. La estrategia, anunciada por el secretario del Tesoro, Scott Bessent, busca ampliar el aislamiento iraní, aunque también ha abierto un debate sobre la capacidad de Estados Unidos para imponer sus decisiones al resto del mundo.
La operación contempla sanciones secundarias contra entidades extranjeras que continúen comerciando con Irán o faciliten sus mecanismos de financiamiento. Washington también ha anunciado medidas contra bancos, aerolíneas, embarcaciones, empresas y redes vinculadas con la evasión de sanciones y el traslado de recursos para el régimen iraní.
Una estrategia basada en la presión económica
El Departamento del Tesoro estadounidense presentó la campaña como una ofensiva sostenida para cortar las fuentes de ingresos de Irán. La primera fase incluyó acciones contra más de 60 personas, entidades y embarcaciones relacionadas con la adquisición de tecnología militar, las exportaciones petroleras y las operaciones financieras del gobierno iraní.
Durante las semanas siguientes, Washington extendió las medidas a redes de transporte, instituciones financieras y operadores ubicados en terceros países. El objetivo declarado es elevar el costo de cualquier relación económica con Teherán y limitar su acceso al sistema financiero internacional.
Sin embargo, la ofensiva también evidencia la dependencia de Estados Unidos respecto de su capacidad para persuadir o intimidar a otros gobiernos. La eficacia de las sanciones depende de que aliados, bancos y empresas extranjeras acepten aplicar las restricciones, aun cuando sus propios intereses comerciales apunten en otra dirección.
El desgaste de la influencia estadounidense
La política hacia Irán ocurre en un contexto de tensiones con socios tradicionales, disputas arancelarias y cuestionamientos a la forma en que Washington utiliza su poder económico. La amenaza de castigos a terceros países puede obligar a algunas compañías a retirarse del mercado iraní, pero también puede incentivar la creación de rutas comerciales, mecanismos financieros y alianzas fuera del control estadounidense.
El argumento central es que la intimidación pierde eficacia cuando los países consideran que pueden diversificar sus vínculos comerciales y reducir su dependencia del dólar, de los bancos estadounidenses y de las cadenas de suministro dominadas por Washington. En ese escenario, cada nueva sanción puede producir presión inmediata, pero también acelerar la construcción de alternativas.
La disputa con Irán, por tanto, no se limita a la relación entre Washington y Teherán. También plantea una competencia por el control de las finanzas internacionales, el comercio energético y las reglas que definirán el equilibrio de poder durante los próximos años.
El resultado dependerá de la respuesta de China, los países del Golfo, Europa y otras economías que mantienen relaciones con Irán. Si esas naciones resisten las exigencias estadounidenses o encuentran vías para mantener sus intercambios, la campaña podría terminar debilitando parte de la influencia que busca preservar.