La lingüista francoestadounidense Cécile Alduy plantea que la segunda Presidencia de Donald Trump inauguró una etapa de control político centrada en las palabras. En su libro D’abord ils sont venus chercher les mots, publicado en septiembre de 2026, sostiene que decretos, discursos, leyes estatales y decisiones administrativas han modificado la manera en que instituciones y ciudadanos hablan, trabajan y participan en la vida pública de Estados Unidos.
La autora interpreta este proceso como una forma de purificación léxica: la eliminación de términos en documentos oficiales no sólo modifica el lenguaje institucional, sino que también puede volver invisibles a las personas y grupos que esas palabras identifican. Su análisis vincula esta estrategia con una política de polarización y con el avance de gobiernos y partidos de ultraderecha en distintas regiones.
Palabras bajo vigilancia institucional
Durante la administración Trump, diversas dependencias federales comenzaron a retirar o revisar contenidos relacionados con diversidad, equidad e inclusión. También circularon listas de términos que debían limitarse o evitarse en documentos, sitios web y programas públicos, entre ellos referencias a género, mujeres, personas LGBT, discapacidad, racismo, vacunas y cambio climático.
Estas medidas alcanzaron a universidades, centros de investigación y poblaciones minoritarias. Alduy sostiene que el efecto acumulado ha sido un ambiente de autocensura en el que docentes, investigadores y ciudadanos deben modificar su lenguaje para conservar apoyos, empleos o posibilidades de permanencia en Estados Unidos.
La administración también impulsó políticas que refuerzan una visión uniforme de la comunicación oficial. En marzo de 2025, el gobierno estadounidense designó al inglés como idioma oficial mediante una orden ejecutiva, mientras que en 2026 amplió el escrutinio de redes sociales para determinados solicitantes de visa, incluidos estudiantes, trabajadores y participantes de programas de intercambio.
Del lenguaje a la conducta política
Para Alduy, la disputa no se limita al vocabulario administrativo. La modificación de las palabras influye en lo que puede discutirse, investigarse o reconocerse públicamente. Cuando ciertos conceptos desaparecen de los documentos y de los programas institucionales, también se reducen los marcos disponibles para nombrar desigualdades, derechos y problemas sociales.
El análisis de la lingüista relaciona este fenómeno con las redes sociales y sus burbujas algorítmicas, espacios donde la confrontación política puede amplificarse y producir una sensación permanente de amenaza. En ese contexto, la comunicación mordaz y la simplificación de los conflictos favorecen una polarización que desplaza el debate informado.
La autora también examina la intención de sustituir la denominación tradicional de inteligencia artificial por nuevos términos promovidos desde el entorno presidencial. El episodio, más allá de su dimensión simbólica, forma parte de una política de nombrar y renombrar instituciones, conceptos y asuntos públicos desde el poder.
Una advertencia sobre el debate público
La tesis central de Alduy es que el deterioro del lenguaje empobrece la vida democrática. Si las palabras se reducen, se prohíben o se reemplazan por expresiones diseñadas para descalificar al adversario, disminuyen también las posibilidades de debatir, recordar y describir con precisión la realidad.
Su lectura presenta a Estados Unidos como un laboratorio de nuevas formas de control político basadas en la comunicación, la vigilancia y la autocensura. El riesgo, advierte, no consiste únicamente en cambiar el vocabulario oficial, sino en convertir la desaparición de ciertas palabras en una forma de negar los derechos, las experiencias y la existencia social de quienes esas palabras representan.