Durante 2025, 7 mil 887 niñas de entre 10 y 14 años dieron a luz en México, un promedio de 22 nacimientos diarios. El Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) calificó estos casos como fecundidad forzada y advirtió que constituyen una emergencia nacional vinculada con la violencia sexual y la vulneración de derechos.
La cifra representa una disminución de 24.9% respecto de 2018; sin embargo, la reducción no elimina la gravedad del problema. SIPINNA sostuvo que no existen “niñas madres”, sino niñas víctimas de violencia cuyos derechos no fueron protegidos oportunamente.
Una estrategia contra la fecundidad forzada
Ante este panorama, el sistema de protección presentó la campaña “Niñas Sí, Madres No”, cuyo objetivo es promover una vida libre de violencia y garantizar que las niñas puedan construir su proyecto de vida. La estrategia convoca a instituciones de salud y educación, familias, gobiernos, fiscalías, poderes judiciales y sociedad.
SIPINNA señaló que en menores de 15 años no puede existir consentimiento para una relación sexual. Por ello, planteó que los embarazos en este grupo de edad deben reconocerse como una expresión de violencia sexual y no como un destino o una situación normal.
El problema también ocurre en ciudades
La institución advirtió que la fecundidad forzada no es un fenómeno exclusivo de comunidades rurales. En 2024, 53.8% de las niñas que enfrentaron esta situación vivía en ciudades, mientras que casi la mitad contaba únicamente con estudios de primaria.
La tasa registrada varió entre 0.66 y 3.19 casos por cada mil niñas, dependiendo de la entidad federativa. Estas diferencias reflejan brechas de desigualdad y obstáculos en el acceso a la protección, la educación, los servicios de salud y la justicia.
El embarazo no debe ocultar el delito
SIPINNA subrayó que el embarazo en menores de 14 años es consecuencia de delitos cometidos por agresores y no una condición inevitable. También señaló que la maternidad no debe invisibilizar la violencia que la precedió ni desplazar la obligación del Estado de investigar, sancionar y reparar integralmente el daño.
La estrategia plantea avanzar más allá de la prevención mediante acciones para promover los derechos de niñas, niños y adolescentes, desnormalizar la violencia, detectar las agresiones desde etapas tempranas y fortalecer proyectos de vida. El objetivo es que ninguna niña sea obligada a convertirse en madre y que las instituciones actúen de manera coordinada para protegerla.