El expresidente Andrés Manuel López Obrador acusó a autoridades y agencias de Estados Unidos de recurrir a calumnias, filtraciones y la fabricación de expedientes con “pruebas hechizas” contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza Cázarez y otros funcionarios y exfuncionarios de la entidad.
La acusación fue incluida en su nuevo libro, “Pueblo”, cuyo contenido se difundió el 5 de octubre de 2026. López Obrador se refirió a la imputación presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra diez funcionarios y exfuncionarios sinaloenses por presuntos delitos relacionados con sobornos del narcotráfico.
El exmandatario sostuvo que el procedimiento estadounidense forma parte de una estrategia con fines políticos y electorales para responsabilizar a México por la crisis de drogadicción que enfrenta Estados Unidos. También cuestionó el uso de testigos protegidos, publicidad, filtraciones y guiones preparados para los acusados.
“Nuestros vecinos han aplicado el modus operandi de casi siempre; el uso de testigos protegidos, el manejo de publicidad, las filtraciones, calumnias, los guiones a modo y la fabricación de expedientes con pruebas hechizas”, escribió López Obrador.
En el libro, el expresidente también respaldó la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien, según su relato, condicionó cualquier actuación de las autoridades mexicanas a la presentación de pruebas. López Obrador señaló que, si no existían elementos suficientes y el caso respondía a fines políticos o propagandísticos, el Gobierno de México debería denunciar una posible intromisión de Estados Unidos.
El Departamento de Justicia estadounidense hizo pública la acusación el 29 de abril de 2026. La Fiscalía General de la República informó posteriormente que la investigación en México continuaba y que, hasta julio, no contaba con pruebas suficientes para alcanzar el parámetro probatorio requerido por la legislación mexicana contra los señalados.
López Obrador presentó el caso como parte de una crítica más amplia a la estrategia de Estados Unidos contra el narcotráfico y al uso de acusaciones contra autoridades extranjeras. Tanto el expediente estadounidense como la indagatoria mexicana permanecen sujetos a los procedimientos correspondientes.